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COALICIÓN CORED

INFORME OFICIALES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUINEA ECUATORIAL.

16 Octubre 2015 , Escrito por COALICIÓN CORED Etiquetado en #ACTUALIDAD

INFORME OFICIALES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUINEA ECUATORIAL.

RESUMEN EJECUTIVO

Mediante su resolución 2000/19, la Comisión de Derechos Humanos decidió renovar el mandato del Representante Especial para Guinea Ecuatorial, Sr. Gustavo Gallón (Colombia), con el doble encargo de supervisar la situación de derechos humanos y supervisar también la asistencia técnica que eventualmente se preste a dicho país. Guinea Ecuatorial viene siendo supervisada por la Comisión desde 1979.

El Gobierno de Guinea Ecuatorial no autorizó al Representante Especial para visitar el país en cumplimiento de su mandato durante el año 2000, después de haber sido aprobada sin votación, y con el consentimiento de dicho Gobierno, la resolución 2000/19 de la Comisión. Tampoco recibió el Representante Especial respuesta a diversas solicitudes de información que hizo al Gobierno sobre la situación de los derechos humanos. Con el objeto de precisar y actualizar los datos para su informe, en noviembre de 2000 el Representante Especial visitó España (donde vive cerca del 10% de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial), y se entrevistó con individuos y organizaciones relacionados con el país, incluyendo víctimas de violaciones de derechos humanos.

Durante el año 2000 no mejoró la situación de los derechos humanos en el país. Las conclusiones expresadas a la Comisión por el Representante Especial en su precedente informe se mantienen en su integridad. Guinea Ecuatorial continúa careciendo de un consistente Estado de derecho, en lugar del cual existe una concentración de poderes en el ejecutivo, lo que se traduce en continuas detenciones arbitrarias y torturas para prevenir reales o presuntos intentos de golpe de Estado, o para evitar en todo caso el fortalecimiento de partidos políticos o grupos étnicos disidentes del grupo gobernante. En vez de la acción de un poder judicial independiente que impida o corrija tales prácticas, las fuerzas militares y el partido de Gobierno ejercen diversas prerrogativas de hecho y de derecho para controlar a la población, un 65% de la cual carece de medios para satisfacer sus necesidades básicas. No se publican regularmente las leyes en un boletín oficial, ni existe tampoco un periódico de circulación diaria a través del cual se ejerza la libertad de opinión, como tampoco se autoriza el funcionamiento de organizaciones de derechos humanos. Tampoco hay sindicatos, salvo una asociación de agricultores que parece haberse constituido en el año 2000. Las mujeres, las niñas y los niños sufren las peores consecuencias de la discriminación en el país, especialmente (pero no únicamente) en materia de educación y salud.

La situación podría mejorarse con un poco de voluntad política y con una adecuada distribución de los crecientes recursos económicos que Guinea Ecuatorial está recibiendo desde 1995 por la explotación de importantes pozos de petróleo. En ello es decisivo el acompañamiento de la comunidad internacional y de la Comisión en particular, para hacer fructíferos los esfuerzos invertidos durante 21 años en los que se ha supervisado la situación, se ha brindado apoyo técnico y se han formulado elementales recomendaciones que, en lo sustancial, están pendientes de aplicarse. También es decisiva la cooperación que deberían suministrar las compañías multinacionales que están extrayendo enormes riquezas del territorio.

Entre los diversos hechos sucedidos en Guinea Ecuatorial en el año 2000 hay un caso que resume con elocuencia la situación descrita. Un ciudadano español, de origen guineano, que viajó al país a mediados de año a visitar a su familia, permaneció 60 días privado de libertad e incomunicado en los calabozos de la principal cárcel del país, donde fue sometido a torturas, y donde fue testigo de situaciones similares padecidas por otros cinco presos que aún permanecen allí. Se trata del Sr. Augusto-Mba Sa Oyana, quien fue detenido por las autoridades, sin orden judicial, el 17 de junio de 2000, sacado del avión en que hacía escala en el aeropuerto de la capital, y recluido en la cárcel de Black Beach, situada en el recinto presidencial, donde fue torturado con el fin de obligarlo a que aceptara la acusación de participar en un supuesto plan insurreccional. Durante más de diez días las autoridades ocultaron su paradero, incluso a los representantes diplomáticos de España, lo que constituye un acto de desaparición forzada. Fue despojado de sus pertenencias, en total 20 millones de francos CFA (unos 28.700 dólares de los EE.UU.), por un alto oficial de seguridad del Estado, quien le exigió tal suma supuestamente para contratar un avión especial que lo regresara a España, viaje que nunca se produjo. El Sr. Sa Oyana logró fugarse de la prisión el 18 de agosto de 2000 a través de un hueco que descubrió en el techo de su celda, y llegó hasta la representación diplomática española, donde finalmente obtuvo apoyo para salir del país. Sus compañeros de cautiverio, de nacionalidad guineana, no lograrían mucho con fugarse, pues serían de nuevo capturados, al no tener derecho a igual apoyo diplomático para viajar al extranjero. Cuatro de ellos son militantes del partido Fuerza Demócrata Republicana (FDR), detenidos poco antes de las elecciones municipales realizadas en mayo de 2000. El quinto individuo preso e incomunicado (a quien el Sr. Sa Oyana conoció en tales condiciones durante su cautiverio) es una persona condenada por un homicidio. Ese prisionero asegura que a finales de 1999 el Gobierno intentó contratarlo para asesinar además a quien fuera hasta hace pocos años Ministro de Relaciones Exteriores, quien logró escapar del país mientras aquéllos discutían el precio del siniestro contrato. Ninguna autoridad judicial intervino durante el tiempo en que estuvo sometido a cautiverio el Sr. Sa Oyana para garantizar sus derechos a la libertad, a la integridad personal, a la alimentación (pues no recibió comida de las autoridades carcelarias en ese tiempo), a la salud (pues las condiciones higiénicas de la cárcel eran infrahumanas), o a la defensa (pues nunca fue conducido ante un juez), entre otros derechos. El Sr. Sa Oyana no tiene razones para pensar que, si presenta una reclamación judicial ante los tribunales de Guinea Ecuatorial por las violaciones padecidas, existan los recursos y la independencia necesarios para que se produzca una decisión judicial justa en contra de sus captores y torturadores, o en contra del Estado, para repararle los derechos vulnerados.

Situaciones similares a las padecidas por el Sr. Sa Oyana, y por las cinco personas más que se encontraban y permanecen en los calabozos de Black Beach, han sido descritas reiteradamente en los anteriores informes presentados a la Comisión por este Representante Especial y por sus ilustres antecesores desde hace 21 años. No cabe duda de que se trata de una situación grave, persistente y sistemática, ante la cual la Comisión no puede dejar de actuar.

Las conclusiones y recomendaciones sobre asistencia técnica a Guinea Ecuatorial, expresadas por el Representante Especial en su informe del año anterior, se mantienen también vigentes. La asistencia técnica que se proporcione a Guinea Ecuatorial puede ser útil para apoyar al país en su camino hacia una democracia respetuosa de los derechos humanos, siempre y cuando esté precedida de la adopción de un programa preciso, cuyo primer paso sea la aplicación de las recomendaciones que no requieran de asistencia técnica para ponerse en práctica, y que han sido formuladas insistentemente durante estos 21 años. Se trata de decisiones simples, como prohibir efectivamente las detenciones arbitrarias, suprimir la exigencia de permisos para salir del país, o ratificar tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes o la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Aplicadas dichas recomendaciones, y otras semejantes, el Gobierno podría convenir con la comunidad internacional un calendario y una descripción de las actividades de cooperación que necesite para poner en práctica, mediante asistencia técnica, las recomendaciones restantes, sobre independencia del poder judicial, codificación de leyes o pluralismo político, entre otros aspectos. El convenio o los convenios respectivos deberían articularse en torno a las recomendaciones y decisiones adoptadas reiteradamente por la Comisión y, respetando la autonomía de cada entidad cooperante, beneficiarse de la supervisión que ejerza sobre ellos la Comisión a través de su Representante Especial y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el año 2000 se han celebrado, o iniciado incipientemente, acuerdos de asistencia técnica con el Gobierno de Guinea Ecuatorial por parte de la Comisión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno español, que han procurado enmarcarse, de un modo u otro, en las recomendaciones adoptadas por la Comisión en su resolución 2000/19. Para que ese criterio, en buena hora tenido en cuenta, sea más completo y eficaz, convendría que, previamente a la ejecución de tales acuerdos, se verifique el cumplimiento, por parte del Gobierno de Guinea Ecuatorial, de las recomendaciones que no requieren de asistencia técnica para ponerse en práctica.

En consecuencia, se recomienda a la Comisión que renueve el mandato de su Representante Especial para supervisar la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y para supervisar asimismo la asistencia técnica que eventualmente se preste a ese país. La Comisión debería proveerse de cautelas adicionales para asegurar la cooperación de las autoridades de Guinea Ecuatorial con dicho mandato y con el efectivo cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión durante estos dos últimos decenios, de tal forma que Guinea Ecuatorial supere su grave crisis de derechos humanos.

INTRODUCCIÓN

1. El escrutinio y seguimiento más antiguo que la Comisión de Derechos Humanos ha realizado y continúa realizando sobre un país específico es el que se refiere a Guinea Ecuatorial. Después de haber iniciado en 1976 el examen confidencial previsto en la resolución 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y Social, la Comisión decidió desde 1979 considerar el caso de Guinea Ecuatorial en sus sesiones públicas como una situación de violaciones graves, persistentes y sistemáticas de los derechos humanos, decisión que se ha mantenido hasta el presente. Para el efecto, nombró Relator Especial al Sr. Fernando Volio Jiménez (Costa Rica), mandato que fue renovado hasta 1992 con la denominación de Experto Independiente. En su último informe, rendido a la Comisión en 1993, el Sr. Volio expresó su preocupación por la ausencia de cambios sustanciales en la situación de los derechos humanos en el país. En 1993 fue designado como nuevo Relator Especial el Sr. Alejandro Artucio Rodríguez (Uruguay), cuyo mandato fue renovado durante seis años. En su último informe, rendido a la Comisión en 1999, el Sr. Artucio recomendó no disminuir el seguimiento de la situación, dada la fragilidad de la seguridad jurídica de la población frente a prácticas violatorias, tales como torturas, detenciones arbitrarias o limitaciones a la acción de los partidos. Mediante su resolución 1999/19, la Comisión atendió tal recomendación y decidió continuar el escrutinio de la situación a través de un Representante Especial, investido del mandato de supervisar la situación de los derechos humanos, con el encargo adicional de que le hiciera recomendaciones sobre la aplicación de asistencia técnica a Guinea Ecuatorial. La designación como nuevo Representante Especial recayó en agosto de 1999 en el Sr. Gustavo Gallón Giraldo (Colombia).

2. El Representante Especial presentó su primer informe ante la Comisión en su 56º período de sesiones (E/CN.4/2000/40), después de visitar Guinea Ecuatorial en noviembre de 1999. En dicho informe reportó que Guinea Ecuatorial padece una violación sistemática de los derechos humanos acompañada de impunidad, situación que lleva más de tres décadas, y que se remonta incluso a la época colonial, antes de que el país obtuviera su independencia de España en 1968. Ese año fue elegido su primer Presidente, Francisco Macías, quien pronto se convirtió en dictador, y fue derrocado en 1979 por su sobrino, el entonces teniente coronel y Ministro de Defensa y hoy Presidente, Teodoro Obiang Nguema. El Representante Especial observó que, aunque algunos cambios institucionales han sido introducidos desde entonces (como la aceptación de la existencia legal de partidos distintos del gobernante, desde 1992, o la creación de un Tribunal Constitucional), existe concentración de poderes en el ejecutivo, que controla hasta los más mínimos puestos de empleo en el Estado, y también muchos en la empresa privada. Así, la eventualidad de un Estado de derecho se ve neutralizada por el funcionamiento en la práctica de un régimen de partido único, apoyado en fuerzas militares cuyas atribuciones no se diferencian de las de la policía, y que ejercen incluso funciones judiciales sobre los civiles.

3. El Representante Especial advirtió que estas circunstancias son poco propicias para la superación de la extrema pobreza (que afecta al 65% de la población), a pesar de que en el país se están explotando importantes pozos de petróleo desde 1995. Con tales recursos, arbitrados dentro de un clima predominante de respeto a los derechos humanos, podrían lograrse rápidamente niveles mínimos de educación y de salud, que actualmente no existen, y que afectan especialmente a las niñas y a los niños. Por el contrario, el desigual disfrute de la nueva riqueza -según lo pudo percibir el Representante Especial- está agudizando fenómenos como la prostitución infantil y agravando de esa manera la ya acentuada discriminación existente contra la mujer en la sociedad guineana.

4. Las observaciones del Representante Especial luego de su primera visita al país fueron esencialmente las mismas que durante los 20 años anteriores habían venido expresando ante la Comisión los antiguos Relatores Especiales y el experto independiente, designados ininterrumpidamente por la Comisión desde 1979. Por ello, las recomendaciones del Representante Especial, en su informe del año 2000, fueron también sustancialmente las mismas que aquéllos formularan. Pero el Representante Especial recomendó adicionalmente que ellas se organizaran dentro de un programa preciso en el que se distinguieran las recomendaciones que no requieran de asistencia técnica y las que sí precisen de ella, de tal forma que las primeras pudieran ponerse en práctica por el Gobierno en breve término, y las segundas pudieran dar lugar a programas específicos de cooperación, coordinados bajo la supervisión de la Comisión. De esta forma, el Representante Especial atendió el mandato que la Comisión le había atribuido en su resolución 1999/19 para que, además de supervisar la situación de derechos humanos en el país, presentara a la Comisión un informe en el que incluyera también recomendaciones sobre la aplicación de programas de asistencia técnica a Guinea Ecuatorial.

5. Mediante su resolución 2000/19, la Comisión acogió las recomendaciones del Representante Especial y renovó, fortaleció y precisó su mandato al reiterarle, en primer lugar, el encargo de supervisar la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial e informarle al respecto en su 57º período de sesiones (párr. op. 11) y al pedirle adicionalmente, en segundo lugar, "que supervise, en nombre de la Comisión, que la asistencia técnica que ha de suministrarse a Guinea Ecuatorial apoye [un] plan nacional de acción de derechos humanos sobre la base de las recomendaciones formuladas desde 1979 y reiteradas en su informe" (párr. op. 12).

6. Con el fin de preparar su segundo informe ante la Comisión, el Representante Especial solicitó, tres veces por escrito, autorización al Gobierno de Guinea Ecuatorial para visitar el país en el año 2000, pero no recibió respuesta de las autoridades a sus cartas. La primera de estas cartas la envió el 15 de mayo de 2000 a los Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia y Culto, a quienes propuso como fechas para visitar el país las del 11 al 25 de junio del mismo año. No habiendo recibido respuesta, remitió una segunda carta el 7 de junio, reiterando el pedido de autorización para la visita, y propuso como nuevas fechas del 6 al 20 de agosto de 2000. Como tampoco recibiera respuesta a esta segunda carta, el Representante Especial envió una tercera comunicación al Gobierno el 3 de julio de 2000, y reiteró su propuesta de efectuar la visita entre el 6 y el 20 de agosto de 2000, al tiempo que solicitó respetuosamente al Gobierno que diera respuesta a su solicitud de autorización de la visita, con el fin de poder organizar adecuadamente las actividades necesarias para dar cumplimiento a su mandato. Tampoco en esa tercera ocasión recibió el Representante Especial respuesta del Gobierno.

7. El Representante Especial se enteró extraoficialmente de que el Ministro de Justicia y Culto (encargado del tema de derechos humanos en Guinea Ecuatorial) había enviado el 9 de junio de 2000 una "nota informativa" de carácter interno al Ministro de Relaciones Exteriores en la que le manifestaba que "[encontraba] inadecuada la realización de una visita [del Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos] sin que el Gobierno de Guinea Ecuatorial y la Oficina del Alto Comisario para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas hayan definido el nuevo programa de cooperación y de asistencia técnica (…)". Copia de esa comunicación interna fue enviada a la Oficina del PNUD en Malabo, por lo cual el Representante Especial llegó a conocerla. Aunque la mencionada "nota informativa" no fuera una respuesta oficial a las cartas enviadas por el Representante Especial, éste consideró conveniente darse por enterado de ella e invitar a los Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia y Culto a reconsiderar la posición expresada en esa nota. Para el efecto, les puso de presente, con la debida consideración, que los dos aspectos del mandato atribuido al Representante Especial por la Comisión son complementarios, y que su cumplimiento no está condicionado al hecho de que exista un acuerdo de asistencia técnica entre el Gobierno de Guinea Ecuatorial y organismos de las Naciones Unidas, como tampoco podría entenderse sujeta a esa condición la realización de una visita suya al país. Así lo expresó en su carta de 3 de julio de 2000 (anexo I), en la cual el Representante Especial exhortó respetuosamente al Gobierno de Guinea Ecuatorial a autorizar su visita para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno al momento de aprobarse la mencionada resolución 2000/19 de la Comisión, que fue adoptada con el consentimiento del Gobierno de Guinea Ecuatorial y sin necesidad de votación.

8. La Oficina del Alto Comisionado, también enterada extraoficialmente de la aludida "nota informativa", recordó al Gobierno de Guinea Ecuatorial, mediante fax dirigido el 18 de julio de 2000 al Ministro de Justicia y Culto, que toda actividad de asistencia técnica está sujeta a los principios de transparencia y de complementariedad establecidos en la Conferencia Mundial de Viena de 1993 y reiterados en el séptimo párrafo del preámbulo de la resolución 2000/19 de la Comisión. Adicionalmente, en el mencionado fax del 18 de julio se informó al Gobierno de que la Oficina del Alto Comisionado estaba en la mejor disponibilidad para brindar asistencia técnica a Guinea Ecuatorial, para lo cual se requería su colaboración con los mecanismos establecidos por la Comisión, de tal forma que pudieran considerarse iniciativas concretas de cooperación.

9. En vista del silencio del Gobierno ante las reiteradas peticiones de autorización para efectuar la visita del Representante Especial al país, éste envió una carta al Presidente de la Comisión, el 16 de agosto (con motivo de la celebración de una reunión oficiosa de la Comisión de Derechos Humanos el 15 de septiembre de 2000), para informarle y pedirle que pusiera en conocimiento de los miembros de la Comisión los obstáculos que él estaba encontrando para el desenvolvimiento de su mandato.

10. Con miras a recaudar, por vías alternas a la de la vedada visita al país, la información que el Gobierno considerara pertinente para ser tenida en cuenta en la preparación del informe del Representante Especial, éste envió una carta el 10 de octubre de 2000 a los Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia y Culto, en la cual les pidió que le informaran sobre las medidas, tanto administrativas como legislativas o judiciales, que el Gobierno de Guinea Ecuatorial hubiera tomado o promovido en relación con las recomendaciones contenidas en la resolución 2000/19. Al momento de redactar el presente informe, en diciembre de 2000, el Gobierno no había contestado esa solicitud.

11. En diversos momentos del año 2000, el Representante Especial se dirigió a las autoridades de Guinea Ecuatorial para pedir información sobre distintos casos, solicitudes que no han sido tampoco respondidas por el Gobierno. El 14 de marzo envió al Ministro de Justicia una carta pidiéndole información sobre las razones del traslado de 41 detenidos de la etnia bubi que se encontraban recluidos en la isla de Bioko y que fueron reubicados en una prisión de la región continental, lejos de sus familias. El 14 de junio envió una nueva carta con el fin de conocer los resultados oficiales de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2000, las condiciones de cuatro militantes del partido Fuerza Demócrata Republicana (FDR) detenidos desde el mes de mayo de 2000, y la situación de los mencionados detenidos de la etnia bubi. El 4 de agosto envió asimismo una carta para averiguar el paradero y las condiciones de detención del Sr. Augusto-Mba Sa Oyana, secuestrado por las autoridades gubernamentales en el aeropuerto de Malabo el 17 de junio de 2000.

12. No habiendo recibido autorización para visitar el país, el Representante Especial decidió llevar a cabo una misión a España (en cuyo territorio vive aproximadamente el 10% de los ciudadanos guineanos), con el fin de recaudar información, mediante entrevistas o recepción de testimonios a personas relacionadas con Guinea Ecuatorial, incluidos víctimas o testigos de violaciones de derechos humanos, representantes de partidos políticos de Guinea Ecuatorial y representantes de organizaciones no gubernamentales o asociaciones. La visita fue llevada a cabo del 20 al 25 de noviembre de 2000, en Madrid. El Representante Especial se reunió también con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Agencia Española de Cooperación Internacional.

13. De regreso de su misión a España, el Representante Especial volvió a dirigirse a los Ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia y Culto, por carta de fecha 4 de diciembre de 2000, para pedir información sobre algunas situaciones de las cuales había tenido conocimiento, con el fin de obtener el punto de vista de las autoridades de Guinea Ecuatorial y poderlo incluir en su informe. Hasta el momento de redactar el presente informe, el Gobierno no había contestado tampoco esa solicitud.

I. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

A. Derecho a elegir y a ser elegido

14. El 28 de mayo de 2000 se celebraron elecciones municipales. Su realización estaba prevista por ley para finales de 1999. En octubre de ese año, sin embargo, el Gobierno firmó un acuerdo con los partidos políticos para aplazar para el primer trimestre de 2000 estas elecciones municipales. Finalmente terminaron realizándose en el segundo trimestre de ese año.

15. En las precedentes elecciones municipales, realizadas en 1995, los partidos de oposición se habían reunido en una Plataforma de Oposición Conjunta (POC) que logró obtener por primera vez 9 alcaldías, de un total de 27 existentes en todo el país. Desde entonces, los partidos de oposición han venido denunciando tentativas del partido gobernante de recuperar tales alcaldías por medios desviados. Así, seis de los nueve alcaldes habrían sido sobornados o presionados para pasarse a las filas del partido de Gobierno, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). Según se informó al Representante Especial, durante su visita efectuada al país en 1999, sólo los alcaldes de Malabo, Rebola y Mbini seguían ese año en su cargo como representantes de la oposición, y tenían que hacer frente a insistentes formas de persecución, tanto en su trabajo como en su vida privada.

16. Con base en estos antecedentes, representantes de partidos de la oposición habían denunciado y pronosticado que el Gobierno tomaría todas las medidas necesarias para que la oposición no volviera a ganar ninguna alcaldía municipal en las elecciones del año 2000, a diferencia de lo que la oposición había logrado en las elecciones de 1995. Esa valoración condujo a tres reconocidos partidos de la oposición a decidir abstenerse de participar en las elecciones. Ellos fueron Convergencia para la Democracia Social (CPDS), la Unión Popular (UP) y la Alianza Democrática y Progresista (ADP).

17. El Gobierno no transmitió a este Representante Especial información oficial sobre los resultados electorales, a pesar del pedido formal hecho en carta del 14 de junio de 2000. Tampoco tiene conocimiento el Representante Especial de que hayan sido publicados en un medio escrito los resultados oficiales de las elecciones.

18. Según informaciones de prensa, las elecciones estuvieron marcadas por una fuerte tasa de abstención. De las 244 curules o concejalías por atribuir, sólo 14 habrían sido adjudicadas a los partidos de la oposición que participaron en las elecciones. Ningún alcalde municipal habría llegado a ser elegido en nombre de la oposición con esas 14 curules. La campaña electoral se habría caracterizado por la omnipresencia del partido PDGE, con voto público y actitud intimidatoria de las fuerzas militares. Sólo algunos representantes de la Agencia Intergubernamental de la Francofonía (AIF), del grupo África-Caribe-Pacífico (ACO) y de la firma consultora estadounidense Institute for Democratic Strategies (asesora del Gobierno) estuvieron presentes como observadores.

19. En su informe precedente (E/CN.4/2000/40, párr. 145), el Representante Especial había recomendado que el Gobierno de Guinea Ecuatorial iniciara cuanto antes los trámites para el envío de una misión de asistencia técnica electoral de las Naciones Unidas o de la Unión Europea, para demostrar a la comunidad internacional su verdadero compromiso con un multipartidismo auténtico. Dicha recomendación fue respaldada por la Comisión, que, en su resolución 2000/19, alentó "al Gobierno de Guinea Ecuatorial a que invite al país a una misión de observadores electorales de las Naciones Unidas y/u observadores imparciales para las (…) elecciones municipales" (párr. op. 10).

20. El 29 de abril, el Ministerio de Asuntos Exteriores envió una carta al Secretario General de las Naciones Unidas extendiendo una invitación a una misión de observación electoral que incluyera representantes de la Comisión de Derechos Humanos, para asistir al desarrollo de las elecciones. Como ya la Representante Residente del PNUD en Malabo había tenido la oportunidad de informar al Ministro en carta de 4 de febrero de 2000, la asistencia técnica y financiera en el área electoral está sujeta a una misión cuyo objetivo es "evaluar las condiciones de desarrollo del proceso electoral, así como la existencia de un previo consenso acerca de la intervención de las Naciones Unidas en toda la dinámica electoral y la libre participación de candidaturas de todas las formaciones políticas". La División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas informó a las autoridades de Guinea Ecuatorial de que, para preparar adecuadamente una misión de observación electoral, se requería que la solicitud fuera presentada al menos con tres meses de anticipación.

21. El 5 de mayo de 2000, el Representante Especial envió una comunicación dirigida al Ministro de Justicia, informándole de que los Gobiernos de Chile y de Argentina habían manifestado su disponibilidad para enviar observadores electorales. El 15 de mayo de 2000, el Ministro de Justicia informó a este Representante Especial de que el Gobierno de Guinea Ecuatorial ya se había puesto en contacto con los mencionados Gobiernos de Chile y Argentina. Sin embargo, por razones que se desconocen, no hubo observadores de estos países en la jornada electoral.

22. Según testimonios creíbles, se habrían detectado, entre otras, las siguientes irregularidades: en las listas electorales habrían figurado personas que no estaban inscritas en el censo electoral; el voto habría sido público en muchas mesas de votación; una importante cantidad de mesas electorales estaban presididas por militares en servicio; varios de los militantes de partidos opositores habrían sido detenidos sin orden judicial; la atribución de escaños habría sido arbitraria, en la medida en que hubo partidos que recibieron curules sin haber obtenido el 10% de votos exigido por la ley electoral para tener derecho a tales escaños.

23. Diversos partidos han denunciado que, además de obstaculizar a los militantes en sus actividades políticas y en su vida privada, el Gobierno intervino en la propia organización interna de los partidos para propiciar divisiones. Así, las directivas tradicionales de UP han reclamado que el Gobierno financió una convención ilegítima para instituir nuevas directivas. Han alegado igualmente que, pese a que UP decidió no aceptar que ninguno de sus miembros ingresara al Parlamento (en el cual se le atribuyeron cuatro curules de un total de 80 en las elecciones legislativas de 1999, que el partido consideró fraudulentas), el Gobierno cooptó a cuatro antiguos miembros de dicho partido para ocupar sendos escaños en la Cámara de Representantes del Pueblo, de tal forma que aparecieran como representantes de la oposición. Estas denuncias merecen atención, en cuanto coinciden con las que han formulado también otras fuerzas políticas, tales como la ADP y el partido Acción Popular (AP), cuyas directivas independientes habrían sido sustituidas por personas que se han integrado al partido gubernamental, el PDGE.

24. El partido FDR, que solicitó autorización para su existencia legal desde 1995, continúa sin recibir respuesta a tal petición. En discursos públicos, el Presidente de la República habría dicho que "su legalización sería un cáncer de pulmón". FDR se define como una fuerza de centro-derecha, integrada por personas que han pertenecido al antiguo régimen del Presidente Macías o al actual régimen del Presidente Obiang, muchas de las cuales tienen además relaciones de parentesco con uno u otro, pero que dicen propender por una democratización del país.

25. Otros partidos también carecen de autorización legal para su funcionamiento. No se tiene noticia de que se haya respondido la solicitud de legalización del Partido Independiente Democrático y Social (PIDS), dirigido por el abogado José Oló Obono, solicitud reseñada en el precedente informe del Representante Especial. Se mantiene la decisión que declaró ilegal al Partido del Progreso (PP) mediante una sentencia penal que condenó a su líder como responsable de intentar un golpe de Estado en 1997, pese a que se ha aclarado una y otra vez que esa conducta fue realizada a título personal y no como una acción de partido. El Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB), que reivindica los intereses de la etnia bubi, sigue siendo considerado ilegal e inexistente por el Gobierno, amparado en que la legislación prohíbe los partidos políticos de carácter étnico.

26. La persecución política en Guinea Ecuatorial no se restringe a la acción dentro de sus fronteras. El Sr. Aquilino Nguema Ona Nchama, Secretario General del partido Unión para la Democracia y el Desarrollo Social (UDDS), quien tenía el estatuto de refugiado político en el Gabón, bajo los auspicios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), informó personalmente a este Representante Especial de que fue secuestrado el 18 de mayo de 2000 por tres elementos de la fuerza de seguridad gabonesa. El secuestro se habría realizado presuntamente en cumplimiento de acuerdos efectuados con las autoridades de Guinea Ecuatorial, que habrían pagado 200 millones de francos CFA (unos 287.000 dólares de los EE.UU.) por la operación. Su traslado a Malabo se evitó, según él dijo, gracias a la intervención de la Embajada de España y de la agencia France-Presse. Detenido sin orden judicial durante dos días en la cárcel de la oficina de documentación, y sin permitirle recibir ninguna visita, las autoridades gabonesas resolvieron expulsarlo del país como supuesto responsable de actividades subversivas y alteración del orden público. El Sr. Ona Nchama es pedagogo y había fundado en Libreville (capital del Gabón) un colegio, del cual era director, para impartir educación en español a niños guineanos que viven en el Gabón. Tenía más de 900 alumnos. Refugiado en Madrid luego de su expulsión del Gabón, se ha visto obligado a capacitarse como electricista para conseguir trabajo. En el Gabón permanece su familia, integrada por su esposa, Adèle Nkene (de 33 años), sus hijos Juliana, Romaricio y Begoña Nguema (de 15, 13 y 6 años respectivamente), y su hermano menor, Martín Nnandong Nguema (de 18 años), quienes esperan la tramitación de su ingreso a España.

27. El Sr. Ona Nchama era, además, Presidente del Colectivo de Refugiados Políticos de Guinea Ecuatorial en el Gabón. El 18 de enero de 1998 había sido víctima de un intento de asesinato, que atribuye a miembros de la policía secreta de Guinea Ecuatorial. Como Presidente del Colectivo, ha denunciado varios intentos de asesinato o de secuestro realizados en años anteriores contra disidentes de Guinea Ecuatorial en el exterior, algunos de los cuales se han consumado. Durante el año 2000, además de su propia situación, denunció también el intento de secuestro de que fue víctima el Sr. Angel Nguema Ndje (ex Director General de la Seguridad Nacional), en Bitam, ciudad fronteriza con Guinea Ecuatorial al norte del Gabón. La operación habría sido emprendida por una alcaldesa guineana.

28. Durante su estancia en Madrid, el Representante Especial pudo reunirse con muchos de los partidos de oposición, tanto los reconocidos como los no reconocidos por el Gobierno de Guinea Ecuatorial. Un conjunto de partidos políticos y organizaciones sociales, constituido por la Alianza Nacional para la Restauración Democrática (ANRD), CPDS, FDR, Foro para la Democracia en Guinea Ecuatorial (FODEGE), PP, UP, UDDS, Partido de la Coalición Democrática (PCD), MAIB, Unión de Demócratas Independientes (UDI), Asociación de los Refugiados Guineanos en España (AREGE) y Plataforma para la Paz y los Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial (PDHGE), pidió al Representante Especial, en nombre de la ciudadanía de la República de Guinea Ecuatorial exiliada o residente en España, que utilizara sus buenos oficios como mediador entre la oposición y el Presidente de Guinea Ecuatorial, con el objetivo de impulsar un proceso democrático basado en el respeto de la voluntad del pueblo de Guinea Ecuatorial. A continuación se reproduce el texto de la petición formulada por dicho conjunto de ciudadanas y ciudadanos:

"Considerando el bloqueo que vienen experimentando los sucesivos programas para el establecimiento del respeto de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, consecuencia directa de la paralización del proceso de tránsito al sistema democrático en 1991,

http://http://www.angelfire.com/sk2/guineaecuatorial/iodh.htm

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